Sunday, June 03, 2007

Respecto del 2 de Octubre de 1968, allende la prevalente retórica electorera y sus diatribas fundadas en meras especulaciones y rumores polemizantes, la mas elemental razón debe privilegiar a la verdad histórica y documental, que incólume sostiene -y vigoriza, por confesión expresa del entonces mandante titular de la fuerza bélica- la certeza plena sobre la responsibalidad presidencial única en lo relativo a la planeacion, ejecución y control de las estrategias para el sofocamiento de aquella revuelta y de las diversas sediciones comunistas acontecidas previa, durante y posteriormente a esa fecha, en ejecución a cargo de las fuerzas armadas de la republica, comandadas entonces –como hoy, por disposición constitucional, aun vigente- por el titular del Poder Ejecutivo de la Unión, al caso histórico, el Licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Afirmar, sin prueba fehaciente alguna, la sumisión del Ejercito a un encargado de despacho, implicaría atribuir también el carácter de golpistas, tanto al supuestamente subyugado ejercito, cuanto al supuesto mandante Secretario golpista, quienes solo desafiando de manera ilegal en lo mas elemental –la fuerza- al orden constitucional estatal podrían afirmarse o siquiera suponerse como responsables respecto los actos sucedidos en aquel momento. Al caso, cabria recordar, ni el entonces Secretario, ni los generales supuestamente subyugados por el primero, han sido jamás enjuiciados o denunciados –ni política, ni histórica, ni judicialmente- por su participación en Golpe de Estado a los poderes legítimamente constituidos de la Unión en aquel año, de lo que se considera debe entenderse a la ausencia de evento alguno que despojara al legitimo titular del Ejecutivo de sus potestades bélicas, en conjunto a la confesión presidencial expresa sobre su responsabilidad como entonces titular de la fuerza militar en dichos sofocamientos, como las únicas pruebas irrefutables para determinar con absoluta certeza –histórica, legal y política- las responsabilidades que de dichos sofocamientos se hubieren generado, eximiéndose ante la razón, y en consecuencia de ella, de toda responsabilidad a los subalternos, en el concreto, el entonces Secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, y las fuerzas armadas de la republica..

Monday, July 17, 2006

LA ENAJENACION DE LOS DERECHOS PARCELARIOS

Para la legislación agraria la propiedad ejidal –tanto de los derechos sobre la parcela asignada, cuanto a los derechos sobre el uso común- se puede comparar, en cierta forma estrictamente analógica, y a palabras de Crescencio Uribe García, a la participación alícuota de una persona respecto de un derecho de copropiedad de bien inmueble indiviso. Esto es, reconoce a la propiedad ejidal como una forma de copropiedad comunitaria de cosa pro indivisa a favor un grupo determinado y especifico de personas, con libertades y obligaciones concretos respecto de la cosa común y la propia parte asignada, emanados tanto de la ley, cuanto de la reglamentación interna de que se doten como copropietarios, con los objetivos de garantizar la existencia de la forma social de la copropiedad y proteger los derechos y exclusividad de sus titulares frente a terceros. Los orígenes epistemológicos de las restricciones que se imponen para la enajenación valida de propiedad parcelaria ejidal se fundan, elementalmente, en que la propiedad ejidal es un instrumento estatatuido por el Estado, con una serie de leyes y disposiciones, a través del cual el orden posrevolucionario buscaba ejecutar y legitimar, en el orden jurídico positivo, uno de los tantos actos restitutivos de carácter patrimonial y laboral, en favor de grupos sociales específicos que fueran parte toral en el entallamiento y victoria de aquella lucha armada –por cuestiones de carácter ideológico, procedentes del espíritu social revolucionario, plasmado en la Constitución Vigente-, es decir, la propiedad ejidal pretendía consumar y garantizar la restitución de tierras a favor, y al menos discursivamente, de manera exclusiva, a las denominadas “clases campesinas”, y a las comunidades indígenas de la Nación, pretendiendo, a través de las formas de explotación cooperativa de la tierra y diversas restricciones que de manera defensiva se impusieron a la “propiedad” para garantizar la “exclusividad” respecto de terceros, que de la tierra debían detentar las clase campesina y los indígenas, para consumar una de las tareas fundamentales para el Estado posrevolucionario, significándose en lo que aun hoy se reconoce como “reivindicaciones sociales a favor de clases desprotegidas” .

PROTECCION LEGAL A LA PROPIEDAD PARCELARIA EN MATERIA EJIDAL

De las medidas protectoras de la propiedad parcelaria agraria, obtenemos que existen dos formas de detentar la “propiedad” parcelaria, por parte de los ejidatarios; Una, inicialmente protectiva, que establece limitantes a los derechos de propiedad de la unidad parcelaria reconocida y dotada a favor ejidatario de entre la tierra del ejido, limitando en un primer momento la posible enajenación de la parcela a tercero que no sea ejidatario o avecindado del ejido, y otra forma de propiedad plena que, mediante resoluciones derivadas de votación en Asamblea de ejidatarios y otra serie de procedimientos instituidos por la ley para garantizar a los integrantes del ejido su derecho “social” de conservar “entre ellos mismos” la parcela del ejidatario enajenante; que una vez agotados liberan al ejidatario de las limitantes iniciales a la propiedad de su parcela, dotándole de “dominio pleno” respecto de la unidad parcelaria que previamente le fue dotada, reconocida, y protegida por la sociedad y el orden jurídico a través del régimen legal ejidal. La primera de estas formas de propiedad surge en un primer momento, cuando se asigna por Asamblea al ejidatario su parcela específica y se le reconocen los derechos a usar y disfrutar tanto de la parcela, cuanto de las tierras de uso común de la unidad ejidal. La segunda forma de propiedad surge una vez que es autorizado por los integrantes de la unidad ejidal –representados en Asamblea- el dominio pleno del ejidatario respecto de su parcela, y agotadas determinadas formalidades de notificación de derecho al tanto al resto de los ejidatarios de la unidad y otras personas determinadas por la Ley Agraria.

Así pues, encontramos que la protección a la propiedad ejidal, y la institución de determinadas medidas protectoras a favor de clases sociales determinadas, tendientes a la consolidación de las formas de producción social-cooperativista a través de la protección de la propiedad, posesión y explotación comunitaria de la tierra por sectores específicos, forman parte, y se reconocen, como tareas fundamentales del Estado mexicano, al encontrarse contenidos dentro de la Constitución Política vigente en el país. Al caso, el articulo 27 de la Carta Magna dispone:

“Art. 27…

VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.

La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.

La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, trasmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley.

Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción XV.

La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.

La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la ley reglamentaria…”

La legislación agraria vigente referida por la Carta Magna, a su vez, dispone:

“ Artículo 80.- Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población.

Para la validez de la enajenación a que se refiere este artículo bastará la conformidad por escrito de las partes ante dos testigos y la notificación que se haga al Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir sin demora los nuevos certificados parcelarios. Por su parte el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo.

El cónyuge y los hijos del enajenante, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro de un término de treinta días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Si no se hiciere la notificación, la venta podrá ser anulada.

Artículo 81.- Cuando la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios en los términos del artículo 56, la asamblea, con las formalidades previstas a tal efecto por los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá resolver que los ejidatarios puedan a su vez adoptar el dominio pleno sobre dichas parcelas, cumpliendo lo previsto por esta ley.

Artículo 82.- Una vez que la asamblea hubiere adoptado la resolución prevista en el artículo anterior, los ejidatarios interesados podrán, en el momento que lo estimen pertinente, asumir el dominio pleno sobre sus parcelas, en cuyo caso solicitarán al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas de baja de dicho Registro, el cual expedirá el título de propiedad respectivo, que será inscrito en el Registro Público de la Propiedad correspondiente a la localidad.

A partir de la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Agrario Nacional, las tierras dejarán de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común.

Artículo 83.- La adopción del dominio pleno sobre las parcelas ejidales no implica cambio alguno en la naturaleza jurídica de las demás tierras ejidales, ni significa que se altere el régimen legal, estatutario o de organización del ejido.

La enajenación a terceros no ejidatarios tampoco implica que el enajenante pierda su calidad de ejidatario, a menos que no conserve derechos sobre otra parcela ejidal o sobre tierras de uso común, en cuyo caso el comisariado ejidal deberá notificar la separación del ejidatario al Registro Agrario Nacional, el cual efectuará las cancelaciones correspondientes.

Artículo 84.- En caso de la primera enajenación de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno, los familiares del enajenante, las personas que hayan trabajado dichas parcelas por más de un año, los ejidatarios, los avecindados y el núcleo de población ejidal, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro de un término de treinta días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Si no se hiciere la notificación, la venta podrá ser anulada.

El comisariado ejidal y el consejo de vigilancia serán responsables de verificar que se cumpla con esta disposición.

La notificación hecha al comisariado, con la participación de dos testigos o ante fedatario público, surtirá los efectos de notificación personal a quienes gocen del derecho del tanto. Al efecto, el comisariado bajo su responsabilidad publicará de inmediato en los lugares más visibles del ejido una relación de los bienes o derechos que se enajenan….”


SITUACIONES DE CONFLICTO

En la practica se presentan una diversidad de problemáticas relativas a la propiedad ejidal parcelaria, tocantes a la enajenación que el ejidatario pudiera realizar a terceros no integrantes de la unidad ejidal, ni reconocidos como avecindados en el núcleo ejidal. Aun y cuando pareciera persistir cierta tendencia a considerar nula toda enajenación que se realizara a terceros que no tuvieran reconocido el carácter de avecindado, o ejidatarios, por la propia Asamblea Ejidal, existen interpretaciones que incluso afirman que la notificación del derecho al tanto –preferencia de comprar- a favor de los ejidatarios y demás personas con dicho derecho no deben considerarse nulas. Sin embargo, parece consistente el criterio de que solamente adquirido por el ejidatario el dominio pleno de su parcela, y resuelta como aprobada la plenitud propietaria del ejidatario enajenante por la Asamblea, debe considerarse como valida. Surgen, sin embargo, otras particularidades que debe reunir la enajenación a tercero de derechos parcelarios sobre los que el ejidatario detente el dominio pleno, y al caso serian: 1) Que al momento de la enajenación haya tenido ya reconocido el ejidatario el derecho y dominio pleno sobre la parcela específica que enajena. 2) Que no enajene una parcialidad, o sea, de manera indivisa, sin acuerdo de la propia Asamblea, la unidad parcelaria. 3) Que tanto lo primero, como en su caso, lo segundo, conste en certificado expedido por el Registro Agrario Nacional, reconocido en favor del ejidatario enajenante. 4) Que no sea enajenado por menor de edad. 5) Que se respete el derecho al tanto a favor de las personas que previene la norma, en los términos y con las formalidades que las leyes exigen para ello. Al caso, los siguientes criterios de la corte resultan aplicables:

“Localización: Novena ÉpocaInstancia: Segunda SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXIX, Febrero de 2004Página: 130Tesis: 2a./J. 5/2004JurisprudenciaMateria(s): Administrativa
COMISARIADO EJIDAL. ESTÁ LEGITIMADO PARA DEMANDAR, EN REPRESENTACIÓN DEL EJIDO, LA NULIDAD DE UN CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS A TÍTULO GRATUITO, CELEBRADO ENTRE UN EJIDATARIO Y UN TERCERO AJENO AL NÚCLEO DE POBLACIÓN, RESPECTO DE PARCELAS EJIDALES DE LAS QUE EL ENAJENANTE TODAVÍA NO ADQUIERE EL DOMINIO PLENO.
Las reformas constitucional y legal efectuadas en materia agraria en 1992, atribuyeron a los ejidatarios facultades para otorgar el uso de sus tierras; transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; obtener de la asamblea ejidal el dominio sobre sus parcelas y el respeto de su derecho de preferencia en caso de que éstas se enajenen. Sin embargo, no pueden disponer libremente de tales facultades, sino hasta que la asamblea les otorgue el dominio pleno, de conformidad con la fracción VII del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 81 de la Ley Agraria, por lo que en tanto ello no ocurra, la prerrogativa que le concede el artículo 80 de la indicada ley, para enajenar sus derechos sobre las tierras parceladas que posee, exclusivamente puede ejercerla entre los ejidatarios o avecindados del núcleo de población. De lo anterior se concluye que si un ejidatario no ha obtenido de la asamblea el dominio pleno sobre las parcelas que posee, la cesión de derechos que realice a un tercero que no pertenece al ejido como ejidatario ni como avecindado, aun cuando sea a título gratuito, indudablemente causa un perjuicio al núcleo de población, pues con independencia de que omite respetar los derechos de preferencia y exclusividad de transmisión de derechos parcelarios entre sus miembros, ese acto constituye una enajenación de tierras ejidales respecto de las cuales el ejido continúa siendo el propietario, en términos del artículo 9o. de la ley citada y, por ende, este último por conducto de su representante, el comisariado ejidal, previo acuerdo de la asamblea, está legitimado para demandar la nulidad de tal contrato, no como representante de sus miembros, cuyo derecho del tanto no se haya respetado (a pesar de existir disposición expresa que así lo obliga), sino en su carácter de propietario, que resulta afectado con la enajenación de los derechos sobre esas tierras ejidales, realizada en contravención al referido artículo 80, toda vez que la limitante expresa contenida en ese precepto legal, de que los adquirentes deben tener el carácter de ejidatarios o avecindados, evidentemente atiende al interés de que la titularidad de las tierras ejidales permanezca entre los miembros que conformen el ejido, además de que el legislador, con la prerrogativa otorgada a los ejidatarios para que pudieran enajenar sus derechos parcelarios no pretendió que personas extrañas al ejido pudieran incorporarse a él, sin la previa autorización de la asamblea de ejidatarios.
Contradicción de tesis 113/2003-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto, Tercero y Segundo, todos del Décimo Séptimo Circuito. 16 de enero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Blanca Lobo Domínguez.Tesis de jurisprudencia 5/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de enero de dos mil cuatro.




Registro No. 196075
Localización: Novena ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaVII, Junio de 1998Página: 639Tesis: XIX.1o.11 ATesis AisladaMateria(s): Administrativa
DERECHOS PARCELARIOS VENTA DE. A PERSONAS AJENAS AL NÚCLEO EJIDAL.
La facultad que el artículo 84 de la nueva Ley Agraria otorga a los ejidatarios para vender sus derechos parcelarios a personas ajenas al núcleo de población, respecto de aquellas parcelas sobre las que ya se tiene el dominio pleno, no es irrestricta ni arbitraria sino que deben cumplirse los requisitos que dicho dispositivo señala así como los diversos consignados en el artículo 80 del mismo ordenamiento legal; de tal manera que el contrato que contenga aquella operación, debe consignar la conformidad por escrito de las partes ante dos testigos; y demostrar que se notificó oportunamente lo pactado al Registro Agrario Nacional, para que éste expida los nuevos certificados y a su vez el Comisariado Ejidal haga la inscripción en el libro correspondiente. Además, cuando existe cónyuge o hijos del enajenante o cedente, también se les notificará y en defecto de ellos se hará saber a las personas que hubieren trabajado la parcela por más de un año, así como también a los ejidatarios, los avecindados y al núcleo de población ejidal, en ese orden, quienes gozarán del derecho del tanto que deberán ejercer en un término de treinta días naturales, contados a partir de la notificación, so pena de caducidad. En caso de que esta notificación no se hubiere hecho, el precepto en comento claramente establece que la venta podrá ser anulada.PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Amparo directo 113/98. Lorena Montantes González, albacea a bienes de Mateo Montantes Gutiérrez y María de Jesús González Gómez. 29 de abril de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio Sánchez Cárdenas. Secretario: Javier Valdez Perales.



Registro No. 199939
Localización: Novena ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaIV, Diciembre de 1996Página: 429Tesis: XX.27 ATesis AisladaMateria(s): Administrativa
PARCELA EJIDAL, REQUISITOS QUE DEBERA ACREDITAR FEHACIENTEMENTE EL EJIDATARIO PARA PODER DISPONER DE LA.
Para poder disponer (vender), conforme a derecho un ejidatario de su respectiva parcela ejidal, necesita acreditar: a) Que en el núcleo de población en donde se encuentra ubicada la parcela ejidal, ya se realizó el procedimiento de parcelamiento a que se refiere el artículo 56 de la Ley Agraria, o que, en su caso, de existir el parcelamiento económico realizado con anterioridad, se hubiese llevado a cabo su reconocimiento oficial ante las autoridades administrativas correspondientes, identificándose las parcelas del ejido en forma individual; b) Que ya le haya sido entregado el certificado de derechos parcelarios, para establecer que le corresponden los derechos de uso y usufructo sobre la parcela asignada, en términos del artículo 62 de la legislación en comento; y, c) Que a través de los procedimientos legales correspondientes, haya adquirido el dominio pleno sobre la parcela ejidal que le corresponde, para así disponer, conforme a derecho, del destino que habrá de darle.TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO.
Amparo directo 255/96. Virginia González Robles. 11 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez.

Monday, July 10, 2006

DENUNCIA POR AMENAZAS, EXTORSION, CHANTAJE E INJURIAS



C. PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E .

ELIZABETH URIBE ESQUINCA, mexicana, mayor de edad, casada, señalando como domicilio procesal a la finca marcada con el numero 185 interior D de la Calle Duque de Rivas de esta municipalidad capital, y como personas de mi confianza para coadyuvar en la averiguación previa que se desprenda, y toda comunicación o notificación que en sus autos recaigan. a RAFAEL VAZQUEZ ZEPEDA Y/O JUAN ANTONIO BRACAMONTES VILLAR, por mi propio derecho, respetuosamente comparezco a

EXPONER

Que, en tiempo y forma, me presento a enderezar formal QUERELLA en contra de OMBELINA, ALMA Y OMAR GARCIA CORREA, haciendo la siguiente DENUNCIA DE HECHOS desplegados por ellos, que causan perjuicio personal y directo tanto a mi persona, cuanto a la de los habitantes de mi domicilio, como lo es mi cónyuge NICOLAS CERVANTES HERAS, contraviniendo, los señalados como activos, en las conductas por ellos desplegadas, las normas típicas penales relativas a las AMENAZAS, EXTORSION, DIFAMACION, INJURIAS Y EL CHANTAJE,

En los términos del numeral aplicable a la conducta típica de AMENAZAS desplegadas por los denunciados en el catalogo de los delitos se estipula:

“Artículo 188. Se impondrán de quince días a un año de prisión o multa por el importe de dos a ocho días de salario, al que de cualquier modo, anuncie a otro su intención de causarle un mal futuro en su persona, honor, prestigio, bienes o derechos, o en la persona, honor, prestigio, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado el ofendido por algún vínculo…Cuando las amenazas sean leves, se exigirá caución de no ofender, pero si el responsable se niega a otorgar la caución, se le impondrá la pena prevista en el párrafo anterior….Si cumple la amenaza, se le impondrán además las penas que procedan por los delitos que resulten. ”.

Se encuadran también las conductas desplegadas por los denunciados con el delito de EXTORSION, que en los términos del numeral aplicable a la conducta en el catalogo de los delitos establece:

“Artículo 189. Comete el delito de extorsión, aquél que mediante coacción exija de otro la entrega, envío o depósito para sí o para un tercero, de cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. El mismo delito cometerá quien, bajo coacción, exija de otro la suscripción o destrucción de documentos que contengan obligaciones o créditos…”,

Se reúnen en las conductas desplegadas por los indiciados, y en lo comunicado a esta querellante y a otros terceros por parte de aquellos, los elementos del delito de CHANTAJE, que el Código Penal sanciona en los siguientes términos:

“Artículo 190. Se impondrán de seis meses a seis años de prisión al que exija para sí o para otro cualquier beneficio, o la ejecución u omisión de algún acto determinado bajo la amenaza de divulgar algún hecho cierto o falso que afecte el honor, la tranquilidad familiar, negocios o patrimonio del amenazado o de alguien íntimamente ligado a éste…”,

De las conductas desplegadas por los denunciados, y de lo que se contenía en sus palabras al desplegar públicamente los actos denunciados, frente a terceras personas y con el fin de que así se difundiera su dicho respecto de estos últimos, se encuadra lo estipulado por la norma penal sustantiva, respecto del delito de INJURIAS, que el dispositivo legal citado refiere y sanciona en los siguientes términos:

“Artículo 198. Se impondrán de diez a cincuenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad o multa por el importe de cinco a veinte días de salario, al que por medio de cualquier expresión o acción, causare alguna ofensa grave a alguien.”

De igual manera, al contenerse en la misma serie de conductas desplegadas por los denunciados la imputación publica a esta querellante de hechos falsos no respaldados por legitimidad legal valedera, se encuadran los actos desplegados por los presuntos activos denunciados, así como de lo pronunciado por ellos con fines de enterar a terceros de lo que falsamente me imputa, dentro de lo previsto para el delito de DIFAMACION, que el Código Penal define y sanciona en los siguientes contenidos:

“Artículo 199. Se impondrán de dos meses a dos años de prisión o multa por el importe de cincuenta a cien días de salario mínimo, y la reparación del daño, al que comunicare, a una o más personas, la imputación que se hace a otra persona física o moral de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que cause o pueda causar deshonra, descrédito o perjuicio, o exponerla al desprecio de alguien.”

Para los efectos se sirven de antecedentes, actos y omisiones de los inculpados respecto de esta ofendida, el siguiente cuerpo de

HECHOS

I. Con fecha aproximada del mes de del la suscrita pacto obligación de compraventa de ropa con la madre de OMBELINA GARCIA CORREA.

II. En distintos pagos efectuados por esta querellante a OMBELINA GARCIA CORREA, se liquido todo adeudo pendiente con su madre relativo al adeudo arriba referido.

III. Con fecha 7 de Julio de 2006 la madre de OMBELINA GARCIA CORREA estableció contacto con esta querellante para cobrarme un supuesto adeudo que había quedado pendiente con ella de mi parte, hecho que era falso, ya que incluso se había acordado desde fecha previa, entre ella y yo, el regreso de parte de la mercancía –prendas de vestir- que reunía diversos defectos, algo a lo que ella se había negado, oponiéndose tanto a restituirme de las cantidades que yo le había pagado por dicha mercancía defectuosa, cuanto incluso a recibirme en devolución dichas prendas.

IV. Con fecha 8 de Julio de 2006, aproximadamente a las veintidós horas con treinta minutos, OMBELINA , ALMA Y OMAR GARCIA CORREA se presentaron en mi domicilio, en la Calle Mozart numero 5457, en la Colonia La Estancia de esta ciudad, tocando la primera la puerta. Acto seguido les abrí, negándose todos ellos a ingresar al domicilio, y requiriéndome OMAR GARCIA CORREA del pago del supuesto adeudo, que ellos insistían equivocadamente había quedado pendiente de mi parte con su señora madre, a lo que yo me negué.

V. Con misma fecha que el hecho anterior, minutos después de que ellos tocaran la puerta, y después de que me negara a pagarles lo que falsamente me imputaban como adeudo, tanto por el motivo arriba expresado, cuanto por que no era ninguno de los que me amedrentaban la persona que se supone era acreedora de mi obligación, la madre de OMBELINA GARCIA CORREA, siendo que después esta ultima –OMBELINA- procedió a emitir gritos en las afueras de mi domicilio diciendo: “…Oigan todos los vecinos de la señora que vive aquí en la calle Mozart 5457 de esta Colonia, ella es una persona irresponsable, que me debe dinero y no me quiere pagar, es una mentirosa, una tramposa, una deudora morosa; Es una hija de la chingada que no tiene palabra, ni honor, es una persona sin ningún valor…”, a lo que yo le pedí que guardara silencio, por que estaba cometiendo ella un delito, ya que me estaba difamando e injuriando sin tener derecho, procediendo ella después a amenazarme de muerte, lesiones y daños patrimonial, en los siguientes términos: “…A mi me vale madre si es delito o no, si de veras debe dinero o no; Si usted no me paga lo que yo le diga la voy a matar, o de menos la voy a lastimar a usted, a su esposo, y a sus hijos. No crea que no sabemos como se llaman ustedes, y lo que hacen; Sabemos todo de ustedes, y cuando menos se lo esperen los vamos a lastimar, y después los vamos a matar, sobre todo a usted y a su esposo… o de menos les vamos a destruir su casa en la primer salida que tengan; pero antes le vamos a vaciar lo que tengan de bienes adentro, y lo que me de la gana quedarme…”.

VI. Acto seguido, y al impedirme ALMA Y OMAR GARCIA CORREA cerrar la puerta de mi domicilio interponiéndose al momento que la cerraba, ambos OMAR procedió a decir, gritando desde el exterior de mi domicilio: “Usted, señora Elizabeth Uribe, nos debe dinero. Es una deudora, y nos debe. Si no nos paga la vamos a madrear. De que la vamos a matar, la vamos a matar, y usted no va a poder hacer nada mas que darnos el dinero que le pidamos, si no, ya escucho a OMBELINA, la vamos a difamar, a injuriar, a saquearle la casa y a matarlos a todos lo que viven aquí…”.

VII. Acto seguido ALMA se puso a gritar a las afueras de mi domicilio, de nuevo, junto con los otros indiciados, otra serie de injurias diversas en contra de mi persona, imputándome los mismos hechos falsos que OMBELINA GARCIA CORREA, difamándome y afirmando las amenazas proferidas por los otros dos indiciados, también a gritos, que “como no pagan estos hijos de su puta madre, la señora Elizabeth Uribe Esquinca, y su esposo…” iban a “…matar a todos lo que vivan en la casa que esta aquí, en Mozart 5457 de la Colonia La Estancia… y quiero que me oigan todos, por que es cierto, y no le hagan caso, si nos debe o no nos debe esta señora es algo que nos vale madre, los vamos a matar de todos modos…”

De lo antes narrado se pueden desprender una serie de irregularidades por parte de OMBELINA, ALMA Y OMAR GARCIA CORREA:

a) los derechos de crédito que supuestamente legitiman a los indiciados respecto de su supuesto derecho a exigirme pago alguno, no son reconocidos, ni por ellos mismos, como ciertos, ni en su existencia, ni en su calidad, ni en su cantidad.

b) los derechos de crédito que supuestamente legitiman a los indiciados respecto de su supuesto derecho a exigirme pago alguno, difamarme como deudora de manera publica, e injuriarme de la misma manera frente a terceros, no son reconocidos, ni por ellos mismos, como propios de ellos, y si son reconocidos por ellos mismos a favor de la señora madre de los indiciados.


c) los derechos de crédito que supuestamente legitiman a los indiciados respecto de su supuesto derecho a enterar, mediante Injurias y difamándome, frente a terceros, falsamente imputando a esta querellante del carácter de deudora morosa e incumplida, ya que los derechos de crédito, que dicen legitima su actuar, no son reconocidos, ni por ellos mismos, como integrantes de procedimiento o controversia judicial legal valida y vigente de forma alguna.

d) las amenazas proferidas por los indiciados abarcan a la persona de nombre NICOLAS ANTONIO CERVANTES HERAS, al ser el mi esposo, mi cónyuge, y cohabitar el domicilio en el cual el mobiliario quedo amenazado de la probable comisión del delito de robo de nuestros bienes, amenazándose también de muerte a NICOLAS ANTONIO CERVANTES HERAS como habitante del domicilio respecto del cual amenazaron a todos sus habitantes.


e) Ninguna situación de derecho legitima o puede legitimar el hecho de que terceros ajenos a una obligación puedan jactarse frente a terceros, o de manera publica, de la existencia de mora o incumplimiento de una obligación incierta por parte de deudor respecto de terceros sin derecho a cobrarlo, sin la existencia de documento que lo avale, o de procedimiento judicial que tienda a resolverlo, dentro del cual, legítimamente, se resuelva dicha supuesta controversia.


Por lo anteriormente expuesto, de conformidad a la jurisprudencia y los numerales de la norma penal sustantiva y adjetiva, respetuosamente a esta autoridad ministerial le

PIDO

PRIMERO. Se me tenga presentando querella de parte, y denuncia de hechos probablemente constitutivos de delitos, en contra de OMBELINA GARCIA CORREA, ALMA GARCIA CORREA Y OMAR GARCIA CORREA, por las contravenciones a las normas penales especificadas en este contenido.

SEGUNDO. Se cite a comparecer a los indiciados y a la tercera persona titular del supuesto derecho de crédito que ellos asumen tácticamente en representación, la madre de los denunciados, señalados por esta suscrita como presunto comisores de delitos, y en caso de existir conductas típicas penales de lo que se desprenda de sus actos y omisiones, se ejercite acción penal en contra de dicha mujer por su participación en hechos criminales. Pueden ser citados a comparecer en el domicilio de los tres, ubicado en la calle Obsidiana numero 2786, en la Colonia Residencial Victoria, en el municipio capital de la entidad.

TERCERO. Al ser un delito de peligro sobre los derechos de las personas, se cite a comparecer en breve término a los denunciados para que exhiban y comprueben la razón, legalidad y fundamento documental y jurídico de sus actos y sus exigencias.

CUARTO. Al ser un delito de peligro sobre los derechos de la personas, y existir el riesgo de que los mismos consumen daño en perjuicio de este suscrito y de terceros a los cuales representa, de manera irreparable –la muerte, amenazada respecto de esta querellante y su cónyuge, por parte de los denunciados- se dicte orden de aprehensión en contra de OMBELINA GARCIA CORREA, OMAR GARCIA CORREA Y ALMA GARCIA CORREA, por la peligrosidad social contenida de sus conductas, la cual es de mayor riesgo siendo desplegadas las amenazas mediante el concierto organizado de tres voluntades actuando de manera conjunta para la comisión de al menos cuatro ilícitos aquí querellados.

QUINTO. Se cite a comparecer a NICOLAS ANTONIO CERVANTES HERAS, como testigo presencial de los hechos y persona en riesgo de muerte, por las amenazas vertidas por los denunciados que le afectan y ponen en peligro la vida.

SEXTO. Se reciba el dicho de los testigos que habrán de ofertarse y aportarse, en el momento inmediato posterior a la ratificación de esta denuncia.

SEPTIMO. Se fije pronta fecha para la ratificación de la presente denuncia de hechos.

OCTAVO. Se expidan copias certificados de la respuesta que recaiga por esta autoridad al presente escrito, así como del pliego de determinación del ejercicio o no ejercicio de la acción penal en contra de los denunciados, que recaiga en el futuro –como requisito ineluctable-, o del sobreseimiento que se pudiera llegar a determinar.


EN GUADALAJARA, JALISCO.
A LA FECHA DE SU PRESENTACION.




ELIZABETH URIBE ESQUINCA



PROTESTO LO NECESARIO



RAFAEL VAZQUEZ ZEPEDA
MODELO DE ESCRITO OPONIENDO EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACION PASIVA

C. JUEZ OCTAVO EN MATERIA CIVIL
DEÑ PRIMER PARTIDO JUDICIAL
DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E .


ELIAS ROBLES ANDRADE, de generales conocidas en autos del presente juicio, de numero anotado a esquina superior derecha del presente escrito, comparezco y

EXPONGO

Que en tiempo y con las formas previstas por la ley vengo a oponer la excepción de falta de legitimación pasiva en contra de VICTOR HUGO JIMENEZ CERVANTES en los términos siguientes:

a) El tercero que comparece carece por completo de legitimación en razón de que, aun y cuando se haya determinado procedente su llamamiento a juicio, en ningún documento fundatorio, ni de los exhibidos por la demandada ni por mi persona, se desprende que VICTOR HUGO JIMENEZ CERVANTES hubiese formado parte de la obligación, ni con su consentimiento manifiesto en el contrato que genera la obligación materia de la litis, ni con su volición conciente en hecho u omisión que genere el incumplimiento que en esta instancia se resuelve; mas aun, no se desprenden siquiera de entre los argumentos vertidos por la demanda que VICTOR HUGO JIMENEZ CERVANTES hubiese sido obstáculo jurídico o motivante en la conducta del demandado, ya sea como detonante de la acción entablada por la actora, ya como fundamentación o motivación de las excepciones opuestas por la demandada, siendo que de tener VICTOR HUGO JIMENEZ CERVANTES cabida en el procedimiento que se sigue se le otorgaría al simple dicho de la demandada –dicho por esta sin pretender resolver ningún asunto de los controvertidos- valor bastante para generarle un perjuicio tanto a la convocada, al ser obligada a comparecer en agravio de su tiempo ante la jurisdicción que le enviste, como a la actora, generando una dilación innecesaria y ociosa que solo impide a mi representada el pronto fin al oportuno ejercicio de su acción, siendo notoriamente improcedente, tras la lectura de los argumentos vertidos por VICTOR HUGO JIMENEZ CERVANTES y el análisis tanto de los argumentos vertidos como de los documentos presentados por la demandada y la actora, proseguir con la presencia en esta instancia del tercero extraño llamado a juicio, debiendo resolverse su falta absoluta de legitimación pasiva en los términos del articulo 89 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.
b) El tercero que comparece es consecuencia de un leve descuido por parte de las autoridades judiciales: la permisividad, siendo que no obstante lo expuesto en el inciso anterior a un servidor la presencia de VICTOR HUGO JIMENEZ CERVANTES le resulta complemente inexplicable la presencia del tercero, ya que este ultimo y un servidor jamás hemos tenido contacto alguno, siquiera un cambio de palabras, resultando no solo sorpresivo sino alarmante que a la simple palabra de una de las partes –sin que sustente documento o prueba alguna su dicho- se le otorgue valor pleno, preocupación que se vuelve grave partiendo del análisis de que la parte que lo llama no se le exige elemento de prueba alguno que sustente su dicho , seria entonces a mi persona a la que se le exigiría documento que pruebe que no conozco a alguien, lo cual, desde la mas elemental lógica, es un absurdo o lo que es mas, algo que no se puede probar por ser insubsistente por si mismo. (¿Como se puede probar que se conoce a algo o a alguien? no es igual en nada a ¿Cómo se puede probar que no se conoce algo o a alguien?).


Por lo anteriormente expuesto ante usted C. Juez atentamente le

P I D O:


PRIMERO.- Se me tenga interponiendo en tiempo y forma la excepción de “FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA”.

SEGUNDO.- Se declare judicialmente que el señor Víctor Hugo Jiménez Cervantes carece de toda legitimación para comparecer al presente juicio.




AT E N TA M E N T E
A la fecha de su presentación




ELÍAS ROBLES ANDRADE

Monday, July 03, 2006

C. JUEZ DE DISTRITO EN
EN MATERIA CIVIL, EN TURNO
DEL TERCER CIRCUITO DEL
PODER JUDICIAL FEDERAL,
PRESENTE.


PAULA SELENA LAMADRID PRECIADO, mexicana, mayor de edad, profesionista, casada, señalando como domicilio procesal la finca marcada con el número 1903 de la calle Libertad en la Colonia Americana, en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco y nombrando como mi abogado patrono al Lic. Elías Robles Andrade y como mis autorizados para oír y recibir todo tipo de notificaciones, a los C.C. Rafael Vázquez Zepeda Y/O JUAN ANTONIO BRACAMONTES VILLAR Y/O MARIO A. CORONA TOVAR Y/O Carlos Servin Ugarte, con fundamento en el artículo 42 Y 119 de la Ley Adjetiva Vigente para el Estado de Jalisco respectivamente, con el debido respeto C. Juez comparezco a:


EXPONER:


Que dentro de la vía civil de tramitación especial, me presento a realizar formal demanda de Divorcio en contra del señor ARTURO MIGUEL AYALA MORA, CON LA CONSECUENTE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD LEGAL DERIVADA DEL MISMO ACTO CIVIL, y el aseguramiento provisional en la vía incidental de las pensiones alimenticias, de conformidad a las siguientes

PRESTACIONES:

1. El pago de $341,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS) correspondientes al pago de las 62 mensualidades correspondientes al pago incumplido de pensiones alimenticias a favor del menor hijo, a cargo del demandado, desde el nacimiento de su hija, hasta la ultima acontecida a la presentación de esta demanda, tasadas a razón de $5,500.00 (CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS) en una proporción de un cincuenta por ciento de las únicas dos mensualidades cubiertas por el demandado para el pago de los alimentos a los que se encuentra obligado, cada una la cual fue de un monto de $11,000.00 (ONCE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS), como acredito con copia simple de los depósitos efectuados a esta actora por el demanda.
2. El pago de las pensiones alimenticias futuras que se acumulen desde la presentación del presente escrito hasta la resolución del divorcio que se derive, a razón de la misma cantidad expresada en la prestación anterior.
3. El pago de $341,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS) correspondientes al pago de las 62 mensualidades correspondientes al pago incumplido de pensiones alimenticias de esta cónyuge actora, tasados a misma razón que la prestación primera expresada, pensiones no cubiertas a favor de quien como cónyuge inocente tiene derecho a recibirlos, al ser consecuencia la presentación de esta demanda el abandono de hogar conyugal y ser la actora, por otra parte, y como expresare y acreditare mas adelante, una victima de la bigamia del demandado, y no contar con fuente de trabajo esta suscrita.
4. La perdida de la patria potestad de ARTURO MIGUEL AYALA MORA sobre su menor hija ALICIA MINERVA LAMADRID, por no haber cumplido el padre con las obligaciones filiales a que se encuentra sujeto, haber mostrado de manera reiterada y sistemática conductas irresponsable respecto de las obligaciones filiales, y haber cometido el padre conductas presuntamente constitutiivas de delito en perjuicio de la madre.

HECHOS:


1.- Es el hecho que, como lo acredito con la copia certificada del acta del registro civil numero 57 que acompaño a este libelo, contrajimos matrimonio la suscrita y el ahora demandado, el día 27 del mes de Enero del año 2006, en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, bajo régimen de Sociedad Legal, tras haber permanecido cohabitando en concubinato, relación dentro de la cual habíamos procreado a nuestra menor hija ALICIA MIERVA AYALA LAMADRID.

2.- Durante nuestra relación concubinal, después matrimonio, procreamos a nuestra menor hija de nombre ALICIA MINERVA AYALA LAMADRID, nacida en día 27 de Septiembre de 1997, hija quien fuera registrada en su nacimiento en fecha 12 de Noviembre de 1997. siendo reconocida por ARTURO MIGUEL AYALA MORA, y registrada como su hija, con fecha de registro 28 de Febrero de 2006, tras casi seis años después de su nacimiento, y de irresponsabilidad del demandado respecto de todas sus obligaciones filiales, ya que, habiendo sida esta menor concebida antes de contraer dicho matrimonio, y estar ya reconocida como hija dentro del matrimonio existente entre esta tras cinco años de ausencia del padre y de cumplimiento de su obligaciones como deudor alimentista.


3.- Es el caso que después del nacimiento de nuestro hija, comenzamos a tener problemas, que al principio la suscrita creyó que eran problemas normales de matrimonio, pero al pasar el tiempo se fueron agravando hasta el grado que se hicieron insoportables, tales como que el ahora demandado llegaba al hogar conyugal a deshoras de la noche, para luego comenzar a faltar al mismo por días, hasta ausentarse de nuestro hogar de manera definitiva durante cinco años, sin importarle de manera alguna al demandado si teníamos dinero para comer o para pagar los gastos diarios que se tienen en un hogar.

4.- Aun y cuando la suscrita creía que esto era lo mas grave que podía pasar, no fue así, ya que después de un tiempo y sin importarle nuestro futuro, según el mismo demandado me lo informo en una breve estancia en esta ciudad, se fue a vivir los Estados Unidos de América, a trabajar, ya que según el ahora demandado con esa decisión iba a poder darnos un mejor futuro, futuro que nunca vimos realizado puesto que se al irse, y durante toda su estancia, ya no supo de las necesidades que se tenían en el hogar conyugal, puesto que aun y cuando aquel envió dinero a esta actora, mismo que era en pago de deuda personal de aquel con la suscrita, y reitero, ARTURO MIGUEL AYALA MORA nunca supo de las necesidades básicas que se tenían dentro del hogar conyugal, mismas que gracias al trabajo que la suscrita llevo a cabo, y que perdí hace mas de un año, se lograron sobrellevar y poco a poco salir adelante sola con mis hijos.

5.- Al irse el ahora demandado y al ver que ya no regresaba de la unión americana, decidimos mis hijos y yo cambiarnos de domicilio y mudarnos a una casa en donde la suscrita habita actualmente, mismo hogar en el que se paga renta, así como todos sus servicios, los cuales son cubiertos íntegramente por la suscrita sin ayuda del ahora demandado.

6. Es un hecho que el ahora demandado, al momento de registrar a nuestra menor hija, expreso a esta actora la existencia de otro matrimonio, que el mismo ARTURO MIGUEL AYALA MORA había contraído en los Estados Unidos de América, a lo que se mostró preocupado de cometer el delito de adulterio, mismo que será comprobable mediante documento de registro de aquel matrimonio en el Estado de California de los Estados Unidos de América, documento que en el momento procesal oportuno esta actora habrá de ofertar y entregar a esta jurisdicción,

La sociedad no cuenta con ningún bien inmueble, motivo por el cual omitimos el convenio respectivo de repartición correspondiente, así mismo el hogar conyugal fue establecido, antes de su disolución, en la finca marcada con el número 5688 de la calle Rio Cuixtle, colonia Las Aguilas, motivo por el cual se fija la competencia de este H. Juzgado, para conocer de este asunto.

4.- Que con fecha anterior a mi comparecencia requerí al demandado el divorcio por mutuo consentimiento en el ultimo domicilio que fuera por el reconocido como propio –según acta de matrimonio que se anexa al presente- ubicado en la calle Pedro Simón La Place numero 6117-3, colonia Paseos del Sol, antes de que abandonara la ciudad nuevamente, en cuya situación aquel demandado se sostiene.

-En virtud de lo anterior procedo a fundar la presente petición de divorcio, que la demandada rechazara antes de abandonar de nuevo la ciudad.


DERECHO:

Son aplicables al asunto en particular los artículos 406 al 410 del Código Civil para el Estado de Jalisco, y los artículos relativos a dicho procedimiento del Capitulo Cuarto del Titulo duodécimo de la Norma Adjetiva Civil del fuero local aplicable en la Entidad Federativa de Jalisco, así como los numerales relativos al matrimonio, al divorcio, a la pensión alimenticia, que resulten aplicables al caso concreto, contenidos en la norma sustantiva civil y en la adjetiva del mismo fuero, así como lo dispuesto por el articulo 27, párrafo cuarto, de la Convención Internacional para la Protección de los Derechos del Niño, de conocimiento de esta jurisdicción federal, aplicables al caso concreto al tener su domicilio la demandada en los Estados Unidos de América.

Debido a lo anterior y debidamente fundado y motivado C. Juez le:

PEDIMOS:

PRIMERO: Se provea de conformidad el presente ocurso por estar apegado a derecho y se tenga por nombrados autorizados y abogado patrono en virtud de su aceptación y protesta que realizan al calce del mismo.

SEGUNDO: Se emplace a la demandada en su domicilio

Se requiera al Consulado de México en el Estado de California, así como a la representación consular competente de los Estados Unidos Mexicanos en los Estados de Pregón, Arizona, Nuevo México, Texas y Florida, para que informe sobre si cuenta con datos de residencia de la demandada.

TERCERO: Se requiera al Consulado de México en el Estado de California, así como a la representación consular competente de los Estados Unidos Mexicanos en los Estados de Pregón, Arizona, Nuevo México, Texas y Florida, para que informe sobre si cuenta con datos de residencia de la demandada.

CUARTO. Se requiera al Consulado de Estados Unidos de América en el Estado de Jalisco para que informe sobre la certeza de legal estancia del demandado en aquel país, la presunta existencia de demandas y juicios de toda índole, materia o fuero en la Unión Americana en contra del demandado, e informe sobre si es cierta la existencia de matrimonio contraído por ARTURO MIGUEL ANGEL AYALA MORA en los Estados Unidos de América o en alguno de sus Estados.

QUINTO. Admitida la incidencia de la urgencia admitida como sea respecto de la cantidad y prestaciones que a esta actora correspondan sobre pensiones alimenticias, se embarguen bienes suficientes en el domicilio manifestado por el demandado para el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los mismos ante la urgencia y premura de su cumplimiento.

Friday, February 17, 2006

NUMERALES DEL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE JALISCO APLICABLES A UN TERCER EXTRAÑO EN JUICIO DE USUCAPION QUE, OSTENTANDOSE COMO PROPIETARIO DEL BIEN INMUEBLE QUE PRETENDE USUCAPIRSE POR LOS ACTORES, FUNDANDOSE EN UN CONVENIO JUDICIAL DE DACION EN PAGO, NO RATIFICADO, EN UN JUICIO NO CONCLUIRDO ENTRE EL EXTRAÑO Y EL LEGITIMO PROPIETARIO –YA MUERTO, ANTES DE RATIFICAR DICHO CONVENIO-, AL PRETENDER VENDER LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE A LOS ACTUALES POSEEDORES, QUIENES YA INTERPUSIERON JUICIO DE USUCAPION, INCLUSO CON ANTERIORIDAD A LA MUERTE DEL ANTERIOR PROPIETARIO.

CAPÍTULO I
Amenazas

Artículo 188. Se impondrán de quince días a un año de prisión o multa por el importe de dos a ocho días de salario, al que de cualquier modo, anuncie a otro su intención de causarle un mal futuro en su persona, honor, prestigio, bienes o derechos, o en la persona, honor, prestigio, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado el ofendido por algún vínculo.

Cuando las amenazas sean leves, se exigirá caución de no ofender, pero si el responsable se niega a otorgar la caución, se le impondrá la pena prevista en el párrafo anterior.

Si cumple la amenaza, se le impondrán además las penas que procedan por los delitos que resulten.

Artículo 188 Bis. A quien, una vez consumado un secuestro, sin ser partícipe del mismo, de modo persistente y mediante cualquier acción, amenace a la víctima, a sus familiares o representantes, para que no colaboren con las autoridades competentes, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión y multa por el importe de trescientos a seiscientos días de salario.

CAPÍTULO II
Extorsión

Artículo 189. Comete el delito de extorsión, aquél que mediante coacción exija de otro la entrega, envío o depósito para sí o para un tercero, de cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. El mismo delito cometerá quien, bajo coacción, exija de otro la suscripción o destrucción de documentos que contengan obligaciones o créditos.

Si el extorsionador consigue su propósito, se le impondrán de uno a nueve años de prisión.

Si el extorsionador no logra el fin propuesto se le impondrán de seis meses a seis años de prisión.

Artículo 190. Se impondrán de seis meses a seis años de prisión al que exija para sí o para otro cualquier beneficio, o la ejecución u omisión de algún acto determinado bajo la amenaza de divulgar algún hecho cierto o falso que afecte el honor, la tranquilidad familiar, negocios o patrimonio del amenazado o de alguien íntimamente ligado a éste.

Si lo que se exigió fue la entrega de numerario, uno o más objetos o documentos y ésta se realiza, se impondrá la pena del delito de extorsión.


CAPÍTULO IV
Violación de Depósito

Artículo 249. Se comete el delito de violación de depósito por:

I. El hecho de sustraer o disponer de una cosa su dueño, si le ha sido embargada y la tiene en su poder, con el carácter de depositario judicial o por cualquiera otra causa que legalmente le impida disponer de ella;

II. El hecho de disponer de la cosa depositada, el depositario judicial o el designado por o ante las autoridades administrativas o del trabajo; y

III. El hecho de que una persona disponga, como suyo, del depósito que garantice la libertad caucional de un inculpado y del cual no le corresponda la propiedad. Es aplicable a este capítulo en lo conducente el artículo 238 de este Código. Al responsable de los delitos previstos en este capítulo, se le aplicarán las sanciones contenidas en el artículo 246.

Artículo 246. Al responsable del delito… III. Si el valor de lo abusado excede del importe de dos mil quinientos veinte días de salario, la sanción será de cuatro a ocho años de prisión y multa por el importe de veinte a ciento noventa y seis días de salario; y

Artículo 262. Se impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa por el importe de dos a doce días de salario:

II. Al que, de propia autoridad y haciendo uso de cualquiera de los medios indicados en la fracción anterior, ocupe un bien inmueble de su propiedad, en los casos en que la ley no lo permita por hallarse en poder de otra persona, o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante;

IV. Cuando el despojo de inmuebles se realice por grupos, además de la sanción señalada, se aplicará a los autores intelectuales y a quienes dirijan la invasión, de dos a ocho años de prisión.

Las sanciones anteriores serán aplicables aun cuando la posesión de la cosa usurpada sea dudosa o esté en disputa.


CAPÍTULO V
Fraude

Artículo 250. Comete el delito de fraude, el que, engañando a alguno o aprovechándose del error en que éste se halle, se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro o beneficio indebido, para sí o para otro.

II. Cuando el valor de lo defraudado exceda del monto señalado en la fracción anterior, pero no del que se establece en la siguiente, la sanción será de dos a siete años de prisión y multa por el importe de cuatro a cuarenta días de salario. La misma sanción se aplicará en el caso de la fracción siguiente, cuando se restituya la cosa o su valor y se repare el daño hasta antes de formular conclusiones en el proceso; y

III. De cuatro a diez años de prisión y multa por el importe de veinte a ochenta días de salario, cuando el valor de lo defraudado exceda del importe de dos mil quinientos veinte días de salario mínimo, que rija en el lugar de la comisión del delito.

Art. 252. Las mismas penas señaladas en el artículo anterior se impondrán:

II. Al que por título oneroso, con excepción de los casos previstos por el Art. 253, enajene, arriende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier modo alguna cosa, sin tener derecho para ello, con independencia de que haya recibido o no, total o parcialmente el precio, el alquiler o la cantidad materia del contrato;

VIII. Al que simulare un juicio, un contrato, un acto o escrito judicial, con perjuicio de otro para obtener cualquier beneficio indebido;

XXIII. Al que suplantando al propietario de bienes o al titular de derechos de índole patrimonial utilizando medios de identificación o documentos apócrifos, transmita o grave dichos bienes o derechos. La misma pena se le impondrá al que a sabiendas de esta circunstancia, adquiera el bien o derecho o reciba el beneficio del gravamen.

Tratándose de bienes inmuebles, este delito se considera como grave y el procesado no tendrá derecho a la libertad provisional bajo caución.

En la misma responsabilidad incurrirá el o los representantes del propietario transmisor o sus agentes que intervengan en las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, a sabiendas de que se carece de la autorización mencionada en el mismo;


ARTICULOS DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, EL VIGENTE, APLICABLES A LA USUCAPION PRETENDIDA POR UNA PERSONA QUE LO REIBIO A TITULO DE DUEÑO DEL LEGITIMO PROPIETARIO, MISMA QUE ES CONSECUENCIA DE UNA POSESION A TITULO DE DUEÑO DATADA DEL AÑO 1987.


Artículo 840.‑ Es poseedor de un bien quien ejerce sobre él un poder de hecho. Posee un derecho el que usa o goza de el.

La posesión se adquiere y se ejerce por su titular en forma directa o por otro a su favor.

Artículo 847.‑ Se entiende que cada uno de los partícipes de una cosa que se posee en común, ha poseído la parte que al dividirse le tocare, exclusivamente por todo el tiempo que dure la indivisión.

Artículo 848.‑ La posesión otorga a quien la tiene la presunción de propietario para todos los efectos legales. El que posee en virtud de un derecho personal o de un derecho real distinto de la propiedad, no se presume propietario; pero si es poseedor de buena fe, tiene a su favor la presunción de haber obtenido la posesión del dueño del bien o derecho poseído.

Artículo 855.‑ Se considera como nunca perturbado o despojado, el que judicialmente fue mantenido o restituido en la posesión.

Artículo 856.‑ Es poseedor de buena fe quien tiene título suficiente para usar y disfrutar del bien o derecho; como también lo es quien ignora los vicios de su título.

Es poseedor de mala fe quien sin título alguno usa y disfruta de un bien o derecho, lo mismo que quien conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho.

Se considerarán de mala fe para todos los efectos legales, los casos en que la posesión verse sobre bienes del dominio público.

Para los efectos de este artículo, se entiende por título la causa generadora del derecho a la posesión.

Artículo 857.‑ La buena fe se presume siempre; al que afirma la mala fe del poseedor le corresponde probarla.

Artículo 858.‑ La posesión adquirida de buena fe no pierde ese carácter sino en el caso que se acredite que el poseedor no ignora los vicios de su título.

Artículo 873.‑ Posesión pacífica es la que se adquiere sin violencia.

Artículo 874.‑ Posesión continua es la que no ha sufrido interrupción alguna.

Artículo 875.‑ Posesión pública es la que se disfruta de manera que pueda ser conocida de todos. También lo es la que ha sido inscrita en el Registro Público de la Propiedad.

Artículo 876.‑ Se presume que la posesión se sigue disfrutando en el mismo concepto en que se adquirió, a menos que se pruebe que ha cambiado la causa de la posesión.

Artículo 877.‑ La posesión se pierde por:

I. Abandono;

II. Cesión a título oneroso o gratuito;

III. La destrucción o pérdida del bien o por quedar este fuera del comercio;

IV. Resolución judicial;

V. Despojo, si la posesión del despojante dura más de un año;

VI. Reivindicación del propietario;

VII.Expropiación por causa de utilidad pública; y

VIII. Renuncia expresa.


Artículo 879.‑ Usucapión es el medio para adquirir la propiedad y los demás derechos reales sobre bienes, mediante la posesión con el ánimo de dueño, por el tiempo y con los requisitos señalados en éste código.

Artículo 880.‑ Sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño del bien poseído, puede producir la usucapión.

El poseedor derivado puede cambiar la causa de la posesión, que no ejercía a título de dueño. Comienza a poseer con ese carácter en virtud de un justo título, pero el plazo de la usucapión corre desde el día en que haya cambiado la causa de la posesión.

Es justo título el que es o fundadamente se cree bastante para transferir el dominio o los derechos distintos de la propiedad.

Artículo 885.‑ Los acreedores y todos los que tuvieren legítimo interés en que la usucapión subsista, pueden hacerla valer aunque su titular haya renunciado a los derechos adquiridos por ese medio.

Artículo 886.‑ Si varias personas poseen en común algún bien, no puede ninguna de ellas usucapir contra sus copropietarios o coposeedores, pero si contra un extraño y en este caso aprovecha a todos los partícipes.

Artículo 888.‑ Quien hace valer la usucapión puede completar el término necesario para ello reuniendo al tiempo que haya poseído, el que poseyó la persona que le transmitió el bien, con tal de que ambas posesiones reúnan los requisitos legales.

Artículo 889.‑ La posesión necesaria para usucapir debe ser:

I. En concepto de propietario;

II. Pacífica;

III. Continua; y

IV. Pública.

Artículo 890.‑ Se consuma la usucapión de inmuebles:

I. En cinco años, cuando se poseen en concepto de propietario, de buena fe en el momento de la adquisición, pacífica, continua y públicamente;

II. En cinco años, cuando los inmuebles hayan sido objeto de una inscripción de posesión;

III. En diez años, cuando se poseen con mala fe, si la posesión es en concepto de propietario, pacífica, continua y públicamente; y

IV. Se aumentará en una tercera parte el tiempo señalado en las fracciones I y III, si se demuestra por quien tenga interés jurídico en ello, que el poseedor de un inmueble rústico no lo ha cultivado durante la mayor parte del tiempo que lo ha poseído, o por no haber hecho el poseedor de la finca urbana las reparaciones necesarias, ésta haya permanecido deshabitada la mayor parte del tiempo que ha estado en poder de aquél.

Artículo 892.‑ Cuando la posesión se adquiere por medio de violencia, aunque ésta cese y la posesión continúe pacíficamente, el plazo para la usucapión será de diez años para los inmuebles y de cinco para los muebles, contados desde que cese la violencia.

Artículo 893.‑ La posesión adquirida por medio de un delito, se tendrá en cuenta para la usucapión, a partir de la fecha en que haya quedado extinguida la pena o prescrita la acción penal, considerándose la posesión como de mala fe.

Artículo 895.‑ La usucapión se interrumpe:

I. Si el poseedor es privado de la posesión del bien o del goce del derecho por más de un año;

II. Por la presentación de la demanda u otro cualquier género de interpelación judicial. Se considerará la usucapión como no interrumpida por la interpelación judicial, si el actor desistiese de ella, o fuese desestimada su demanda; y

III. Porque la persona a cuyo favor corre la usucapión reconozca expresamente, de palabra o por escrito, o tácitamente por hechos indudables, el derecho de la persona contra quien usucapie.

CAPITULO II
De la titulación por usucapión

Artículo 898.‑ Quien hubiere poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones exigidas por este código para adquirirlos por usucapión, puede promover juicio contra el que aparezca como propietario de los mismos en el Registro Público de la Propiedad, para demandar se declare que la usucapión se ha consumado y ha adquirido por ende la propiedad.

Artículo 899.‑ La sentencia ejecutoria que declare procedente la acción de usucapión, se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad y servirá de título de dominio al poseedor propietario.

ARTICULOS DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, EL ANTERIOR YA ABROGADO, EN LOS ARTICULOS APLICABLES A LA USUCAPION PRETENDIDA PARA UN POSEEDOR A TITULO DE DUEÑO QUE PRETENDE USUCAPIR, EN RAZON DE QUE LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESION SE INICIO EN 1987, CON LA ANTERIO VIGENCIA DEL CODIGO, Y QUE LA USUCAPION PRETENDIDA A DECLARARSE POR EL JUEZ DE LA CAUSA SE CONSUMO, TRAS CINCO AÑOS DE POSESION, EN CONCEPTO DE BUENA FE, EN 1993, ESTO ES, DE CONFORMIDAD AL CODIGO ANTERIOR, ABROGADO EN 1994.

Artículo 847.‑ Para que el poseedor tenga derecho al interdicto de recuperar la posesión, se necesita que no haya pasado un año desde que se verificó el despojo.

Artículo 848.‑ Se reputa como nunca perturbado o despojado, el que judicialmente fue mantenido o restituido en la posesión.

Artículo 849.‑ Es poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho a poseer, salvo los casos en que la posesión verse sobre bienes del poder público. pues entonces se considerará de mala fe para todos los efectos legales. También es el que ignora los vicios de su título que le impide poseer con derecho.

Es poseedor de mala fe el que entra a la posesión sin título alguno para poseer, lo mismo que el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho.

Entendiéndose por título la causa generadora del derecho a la posesión.

Artículo 850.‑ La buena fe se presume siempre; al que afirma la mala fe del poseedor le corresponde probarla.

Artículo 851.‑ La posesión adquirida de buena fe no pierde ese carácter sino en el caso y desde el momento en que existan actos que acrediten que el poseedor no ignora que posee la cosa indebidamente.

Artículo 866.‑ Posesión pacífica es la que se adquiere sin violencia.

Artículo 867.‑ Posesión continua es la que no se ha interrumpido por alguno de los medios enumerados en el Capítulo V, Título VII, de este Libro.

Artículo 868.‑ Posesión pública es la que se disfruta de manera que pueda ser conocida de todos. También lo es la que esta inscrita en el Registro de la Propiedad.

Artículo 869.‑ Sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída, puede producir la prescripción.

Artículo 870.‑ Se presume que la posesión se sigue disfrutando en el mismo concepto en que se adquirió, a menos que se pruebe que ha cambiado la causa de la posesión.

Artículo 871.‑ La posesión se pierde:
I.‑ Por abandono;
II.‑ Por cesión a título oneroso o gratuito;
III.‑ Por la destrucción o pérdida de la cosa o por quedar esta fuera del comercio;
IV.‑ Por resolución judicial;
V.‑ Por despojo, si la posesión del despojante dura mas de un año;
VI.‑ Por reivindicación del propietario;
VII.‑ Por expropiación por causa de utilidad pública.



Artículo 1168.‑ Para los efectos de los artículos 869 y 870 se dice legalmente cambiada la causa de la posesión, cuando el poseedor que no poseía a título de dueño comienza a poseer con este carácter; y en tal caso la prescripción no corre sino desde el día en que se haya cambiado la causa de la posesión.

Artículo 1170.‑ Las personas con capacidad para enajenar pueden renunciar la prescripción ganada, pero no el derecho de prescribir para lo sucesivo.

Artículo 1171.‑ La renuncia de la prescripción es expresa o tácita, siendo esta última la que resulta de un hecho que, importa el abandono del derecho adquirido.

Artículo 1173.‑ Si varias personas poseen en común alguna cosa, no puede ninguna de ellas prescribir contra sus copropietarios o coposeedores; pero si puede prescribir contra un extraño y en este caso la prescripción aprovecha a todos los partícipes.

Artículo 1178.‑ El que prescriba puede completar el término necesario para su prescripción reuniendo al tiempo que haya poseído, el que poseyó la persona que le transmitió la cosa, con tal de que ambas posesiones tengan los requisitos legales.

CAPITULO II

De la prescripción positiva.

Artículo 1180.‑ La posesión necesaria para prescribir debe ser:
I.‑ En concepto de propietario;
II.‑ Pacífica;
III.‑ Continua;
IV.‑ Pública.

Artículo 1181.‑ Los bienes inmuebles prescriben:
I.‑ En cinco años, cuando se poseen en concepto de propietario, con buena fe, pacífica, continua y públicamente;
II.‑ En cinco años, cuando los inmuebles hayan sido objeto de un inscripción de posesión;
III.‑ En diez años, cuando se poseen de mala fe, si la posesión es en concepto de propietario, pacífica, continua y públicamente;
IV.‑ Se aumentará en una tercera parte el tiempo señalado en las fracciones I y III, si se demuestra por quien tenga interés jurídico en ello, que el poseedor de finca rústica no la ha cultivado durante la mayor parte del tiempo que la ha poseído, o que por no haber hecho el poseedor de finca urbana las reparaciones necesarias, ésta ha permanecido deshabitada la mayor parte del tiempo que ha estado en poder de aquél.


Artículo 1183.‑ Cuando la posesión se adquiere por medio de violencia, aunque esta cese y la posesión continúe pacíficamente, el plazo para la prescripción será de diez años para los inmuebles y de cinco para los muebles, contados desde que cese la violencia.

Artículo 1184.‑ La posesión adquirida por medio de un delito, se tendrá en cuenta para la prescripción, a partir de la fecha en que haya quedado extinguida la pena o prescrita la acción penal, considerándose la posesión como de mala fe.

Artículo 1185.‑ El que hubiere poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones exigidas por este Código para adquirirlos por prescripción, puede promover juicio contra el que aparezca como propietario de esos bienes en el Registro Público, a fin de que se declare que la prescripción se ha consumado y que ha adquirido, por ende, la propiedad.

Artículo 1186.‑ La sentencia ejecutoria que declare procedente la acción de prescripción, se inscribirá en el Registro Público y servirá de título de propiedad al poseedor.

Artículo 1195.‑ La prescripción puede comenzar y correr contra cualquiera persona, salvo las siguientes restricciones.

Artículo 1196.‑ La prescripción no puede comenzar ni correr contra los incapacitados, sino cuando se haya discernido su tutela conforme a las leyes. Los incapacitados tendrán derecho de exigir responsabilidad a sus tutores cuando por culpa de éstos no se hubiere interrumpido la prescripción.

Artículo 1197.‑ La prescripción no puede comenzar ni correr:
I.‑ Entre ascendientes y descendientes, durante la patria potestad, respecto de los bienes a que los segundos tengan derecho conforme a la ley;
II.‑ Entre los consortes;
III.‑ Entre los incapacitados y sus tutores o curadores, mientras dure la tutela;
IV.‑ Entre copropietarios o coposeedores, respecto del bien común;
V.‑ Contra los ausentes del Estado que se encuentren en servicio público;
VI.‑ Contra los militares que se encuentren en servicio activo en tiempo de guerra, tanto fuera como dentro del Distrito y territorios federales.

Artículo 1198.‑ La prescripción se interrumpe:
I.‑ Si el poseedor es privado de la posesión de la cosa o del goce del derecho por mas de un año;
II.‑ Por demanda u otro cualquier genero de interpelación judicial, notificada al poseedor o al deudor en su caso;
Se considerará la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial, si el actor desistiese de ella, o fuese desestimada su demanda;
III.‑ Porque la persona a cuyo favor corre la prescripción reconozca expresamente, de palabra o por escrito, o tácitamente por hechos indudables, el derecho de la persona contra quien prescribe.
Empezará a contarse el nuevo término de la prescripción en caso de reconocimiento de las obligaciones, desde el día en que se haga; si se renueva el documento, desde la fecha del nuevo título; y si se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de la obligación, desde que este hubiere vencido.

CAPITULOVI

De la manera de contar el tiempo para la prescripción.

Artículo 1206.‑ El tiempo para la prescripción se cuenta por años y no de momento a momento, excepto en los casos en que así lo determine la ley expresamente.

Artículo 1207.‑ Los meses se regularan con el número de días que les corresponda.

Artículo 1208.‑ Cuando la prescripción se cuente por días, se entenderán éstos de veinticuatro horas naturales, contadas de las veinticuatro a las veinticuatro.

Artículo 1209.‑ El día en que comienza la prescripción se cuenta siempre entero, aunque no lo sea; pero aquél en que la prescripción termina, debe ser completo.

Artículo 1210.‑ Cuando el último día sea feriado, no se tendrá por completa la prescripción, sino cumplido el primero que siga, si fuere útil.

ARTICULOS DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE DE MEXICO APLICABLES, COMO PARTE ACTORA, A UN CASO EN QUE EL DEUDOR OPONE EXCEPCION DE RECONVENCION A LA DEMANDA, DEMANDANDO LA NULIDAD DEL CONTRATO FUNDATORIO DE LO QUE SE LE RECLAMA.

Características de la nulidad absoluta

Artículo 7.12.- La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie judicialmente la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o prescripción.
Características de la nulidad relativa

Artículo 7.13.- La nulidad es relativa cuando el acto jurídico es susceptible de confirmación o prescripción. Siempre permite que el acto produzca sus efectos, mientras no sea declarado nulo.

Causas de la nulidad relativa

Artículo 7.14.- La falta de forma, el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad produce la nulidad relativa del acto.

Ratificación tácita del acto jurídico nulo

Artículo 7.20.- El cumplimiento voluntario por medio del pago, novación, o por cualquier otro modo, se tiene como ratificación tácita y extingue la acción de nulidad.

Artículo 7.22.- La acción de nulidad fundada en incapacidad o en error, prescribe en los mismos términos que las acciones personales o reales según la naturaleza del acto. Si el error se conoce antes de que transcurran esos plazos, la acción de nulidad prescribe a los sesenta días, contados desde que el error fue conocido.

Prescripción de nulidad por lesión

Artículo 7.24.- La acción de nulidad por lesión, prescribe en seis meses

Consecuencias de nulidad

Artículo 7.26.- La anulación del acto obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido o percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado.

La nulidad en relación con los intereses y frutos

Artículo 7.27.- Si el acto fuere bilateral y las obligaciones correlativas consisten ambas en sumas de dinero o en bienes productivos de frutos, no se hará la restitución respectiva de intereses o de frutos, sino desde el día de la demanda de nulidad. Los intereses y los frutos percibidos hasta esa fecha podrán compensarse.

Cumplimiento recíproco de la declaración de nulidad

Artículo 7.28.- Mientras que uno no cumpla con aquello que en virtud de la declaración de nulidad del acto jurídico está obligado, no puede ser compelido el otro a que lo haga.

Transmisión de derechos sobre inmueble cuya transmisión es declarada nula posteriormente

Artículo 7.29.- Los derechos reales o personales transmitidos a tercero sobre un inmueble, por una persona cuyo título es declarado nulo posteriormente, quedan sin efecto y pueden ser reclamados directamente del poseedor mientras no opere la prescripción; excepto contra los terceros adquirentes de buena fe.

Error de hecho o derecho

Artículo 7.53.- El error de derecho o de hecho invalida el contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan, si en el acto de la celebración se declara ese motivo o si se prueba por las circunstancias del mismo contrato que se celebró éste en el falso supuesto que lo motivó y no por otra causa.

Error de cálculo o aritmético

Artículo 7.54.- El error de cálculo o aritmético sólo da lugar a la rectificación.

La lesión en los contratos

Artículo 7.55.- Cuando alguno explotando la ignorancia, inexperiencia, miseria o el estado de necesidad de otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él, por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho de pedir la nulidad del contrato o en su caso la reducción equitativa de su obligación.

Tuesday, January 31, 2006

AFORISMOS PARA MIS JUICIOS
El señalamiento de un domicilio, y de un plazo para el cumplimiento de una obligacion, que realizan las partes en un contrato, tiene por objeto el determinar el espacio-tiempo en que se habran de reclamar las partes las cuestiones relativas el cumplimiento voluntario o forzoso de las obligaciones contractuales, e incluso las inherentes y necesarias para su forzosa ejecucion.
Los abogados patronos, representantes legales de personas fisicas, endosatarios en procuracion, y demas mandatarios, no siendo los legitimos titulares de los derechos y obligaciones que las partes se reclaman en juicio, carecen de legitimacion para convenir y realizar cualquier tipo de transaccion respecto de lo que las partes representadas se reclaman en juicio. De suponerse lo contrario, a mas de transgedirse lo dispuesto por la legislacion, se podria generar un perjuicio de imposible reparacion a quienes tienen un interes personal y directo en la cuestion litigosa.
El señalamiento de un domicilio procesal en jurisdiccion procesal distinta a la señalada por las partes en un contrato, del que se exige su cumplimiento, no resulta procedente en Juicio, y si transgrede la disposicion contenida en la norma adjetiva civil, que prescribe que las partes en un juicio de competencia de un tribunal especifico deberan señalar un domicilio procesal en el territorio competencial de la autoridad judicial que conoce del asunto. En caso de no señalarse se le notificara por estrados.

La notificacion, por edictos, que se haga al posesor de un bien , de acciones, registros e inscripciones que se realicen sobre el bien, en que no se afecta la posesion, ni se interrumpe la presuncion de propiedad del poseedor, ni la temporalidad de su posesion, no constituyen una causal de inexistencia o extincion de la posesion, ni impide que se consume la usucapion en favor de quien la reclama, pudiendose mediante este acto -la notificacion- afectarse la calidad de buena o mala fe de la posesion de la parte que reclama, lo que repercute unicamente en el plazo de tiempo que se debio poseer para que se consumara, pero anula la obligacion procesal de la autoridad judicial para declararla.
La muerte de una persona obliga a la autoridad administrativa a investigar sobre las causas que originaron su muerte, mas que con el fin proteger el interes de los herederos del muerto, familiares, o de terceras personas con intereses sobre los bienes y persona del fallecido, para proteger los intereses juridicamente tutelados de la sociedad entera: la salud -pudiera ser epidemiologica la muerte-, la seguridad -pudiera se le hubiera provocada la muerte por un delincuente-. Si la autoridad administrativa parte, en su investigacion de una muerte, sobre la hipotesis del "suicidio", se afecta de manera definitiva el verdadero objeto que legitima el monopolio de la indagatoria administrativa, la que debe realizar para determinar la existencia o inexistencia de responsabilidades especificas, como ya se dijo, para proteger los intereses de la sociedad, la que podria verse amenazada y afectada de manera irreparable de no agotarse las lineas de investigacion que abarquen y puedan abarcar de manera exhaustiva los bienes sociales u personales juridicamente tutelados por el Estado, poniendolos en potencial peligro, de imposible reparacion, al no existir ni poderse encontrar en un suicidio a ningun posible responsable, y haberse desechado desde un principio de las investigaciones toda busqueda de responsabilidades.
AFORISMOS PARA MIS JUICIOS

La muerte es un hecho natural en que la persona y la vida cesada se convierten en bienes juridicamente tutelados por el el Estado respecto de los derechos y las obligaciones previamente contraidas y existentes entre el "de cujus" con terceras personas.

La prescripcion adquisitiva se consuma, por disposicion de ley, una vez reunidos los requisitos cualitativos de la posesion de quien reclama se le declare propietario, y agotadas condiciones de temporalidad exigidas respecto de sus actos positivos, segun queda prescrito por la norma civil sustantiva.

Los actos de terceros, fuera de juicio vinculativo en que se afecte formalmente la posesion de aquel que la reclama como consumada, para su declaracion por juez, no interrumpen ni la presuncion de propiedad que el reclamante tiene como cierta para usucapir, ni constituyen una discontinuidad de la posesion, en tanto no se haya despojado al posesor del bien en la via judicial y con las formalidades de ley, ya que de lo contrario se contravendria lo dispuesto en la carta magna, en que se prohibe la administracion personal de justicia.

Sunday, January 15, 2006

LEGISLACION APLICABLE

La Constitucion del Estado de Jalisco previene:

" Artículo 30.- Toda iniciativa que haya sido desechada por el Pleno mediante el dictamen respectivo, solo podrá volver a presentarse con ese carácter, una vez transcurridos seis meses a partir de la fecha de la sesión en que se le desechó, salvo que haya un replanteamiento del asunto con elementos que comprendan inobjetablemente propuesta distinta a la inicial.

CAPITULO III
DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO DEL ESTADO

Artículo 33.- Si el Ejecutivo juzga conveniente hacer observaciones a un proyecto de ley aprobado por el Congreso, podrá negarle su sanción y remitirlas dentro de los ocho días siguientes a aquél en que se le haga saber, para que tomadas en consideración, se examine de nuevo el negocio.

En casos urgentes, a juicio del Congreso, el término de que se trata será de tres días, y así se anunciará al Ejecutivo.

Se considerará aprobado por el Ejecutivo todo proyecto que no se devuelva con observaciones al Poder Legislativo dentro de los mencionados términos.

El proyecto de ley al que se hubieren hecho observaciones, será sancionado y publicado si el Congreso vuelve a aprobarlo por los dos tercios del número total de sus miembros presentes.

Todo proyecto de ley al que no hubiese hecho observaciones el Ejecutivo dentro del término que establece este artículo, debe ser publicado en un plazo de quince días, como máximo, contados a partir de la fecha en que lo haya recibido.

Los proyectos de ley objetados por el Gobernador del Estado y que ratifique el Congreso, deberán ser publicados en un término que no exceda de ocho días, contados a partir de la fecha en que los haya recibido nuevamente.

La facultad prevista en el presente artículo, no comprenderá la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y sus reglamentos, las cuentas públicas, las resoluciones que dicte el Congreso como Jurado, los decretos que con motivo de un proceso de referéndum declaren derogada una ley o disposición, ni el voto que tenga que emitir en su calidad de Constituyente Permanente Federal en los términos que determina para tal efecto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Ley Orgánica del Poder Legislativo y sus reglamentos, así como sus reformas, adiciones o derogaciones no necesitarán de promulgación del Ejecutivo para tener vigencia. La minuta correspondiente será remitida directamente por los Secretarios del Congreso al Periódico Oficial del Estado para su publicación dentro del plazo que establece el quinto párrafo del presente artículo.

Artículo 35.- Son Facultades del Congreso:

...

IV. Determinar los gastos del Estado para cada ejercicio fiscal, así como las contribuciones del Estado y municipios para cubrirlos, y revisar y fiscalizar las cuentas correspondientes.

CAPITULO II
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
Artículo 50.- Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado:
...


II. Presentar cada año al Congreso, a más tardar el día quince de noviembre, los proyectos de presupuestos de ingresos y egresos del Estado, para el ejercicio fiscal siguiente..."

JURISPRUDENCIA APLICABLE

Esta es la jurisprudencia aplicable a la controversia constitucional que pretendìa promover Francisco Ramirez Acuña, Gobernador del Estado de Jalisco, en lo relativo al veto que él, como titular del Poder Ejecutivo de la Entidad, dice le asiste respecto del presupuesto de egresos aprobado por el Legislativo para el ejercicio fiscal del año 2006.

"Registro No. 189992
Localización: Novena ÉpocaInstancia: PlenoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXIII, Abril de 2001Página: 924Tesis: P./J. 55/2001JurisprudenciaMateria(s): Constitucional
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL PROMOVIDA POR EL GOBERNADOR DE UN ESTADO EN CONTRA DE UN DECRETO DENTRO DE CUYO PROCESO LEGISLATIVO NO HIZO VALER EL DERECHO DE VETO. ES IMPROCEDENTE POR NO AGOTAR LA VÍA LEGALMENTE PREVISTA PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO, ASÍ COMO POR CONSENTIMIENTO.
El ejercicio de la facultad que tiene el gobernador de un Estado para objetar, dentro del proceso legislativo, el decreto que le envía el Congreso Local para su sanción, promulgación y publicación, conocida como derecho de veto, expresa su desaprobación y falta de consentimiento con el decreto por vicios de inconstitucionalidad, por defectos o por ser inconveniente. Ahora bien, si el gobernador ejerce dicha facultad y, pese a ello, el Congreso insiste en su posición, aquél debe promulgar la ley y ordenar su publicación, pero ello por la fuerza de las normas constitucionales y legales, mas no por su consentimiento, lo cual lo legítima para promover la controversia constitucional en contra de la ley que se vio obligado a promulgar; pero si en su oportunidad no hace valer el derecho de veto, tal omisión implica su plena aprobación y consentimiento respecto al contenido del decreto proveniente del Legislativo, de modo que por tales razones la controversia constitucional que pretendiera promover sería improcedente en términos de lo dispuesto en las fracciones VI y VIII del artículo 19, esta última en relación con el artículo 10, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto porque el actor no agotó la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, como porque consintió los actos dentro del proceso legislativo.
Controversia constitucional 21/2000. Poder Ejecutivo del Estado de México. 15 de febrero de 2001. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprobó, con el número 55/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno.
Registro No. 920163
Localización: Novena ÉpocaInstancia: PlenoFuente: Apéndice (actualización 2001)I, Jur. Acciones de Inconstitucionalidad y C.C.Página: 67Tesis: 68JurisprudenciaMateria(s): Constitucional


CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL PROMOVIDA POR EL GOBERNADOR DE UN ESTADO EN CONTRA DE UN DECRETO DENTRO DE CUYO PROCESO LEGISLATIVO NO HIZO VALER EL DERECHO DE VETO. ES IMPROCEDENTE POR NO AGOTAR LA VÍA LEGALMENTE PREVISTA PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO, ASÍ COMO POR CONSENTIMIENTO.-
El ejercicio de la facultad que tiene el gobernador de un Estado para objetar, dentro del proceso legislativo, el decreto que le envía el Congreso Local para su sanción, promulgación y publicación, conocida como derecho de veto, expresa su desaprobación y falta de consentimiento con el decreto por vicios de inconstitucionalidad, por defectos o por ser inconveniente. Ahora bien, si el gobernador ejerce dicha facultad y, pese a ello, el Congreso insiste en su posición, aquél debe promulgar la ley y ordenar su publicación, pero ello por la fuerza de las normas constitucionales y legales, mas no por su consentimiento, lo cual lo legítima para promover la controversia constitucional en contra de la ley que se vio obligado a promulgar; pero si en su oportunidad no hace valer el derecho de veto, tal omisión implica su plena aprobación y consentimiento respecto al contenido del decreto proveniente del Legislativo, de modo que por tales razones la controversia constitucional que pretendiera promover sería improcedente en términos de lo dispuesto en las fracciones VI y VIII del artículo 19, esta última en relación con el artículo 10, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto porque el actor no agotó la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, como porque consintió los actos dentro del proceso legislativo.
Novena Época:Controversia constitucional 21/2000.-Poder Ejecutivo del Estado de México.-15 de febrero de 2001.-Once votos.-Ponente: Juan Díaz Romero.-Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, página 924, Pleno, tesis P./J. 55/2001; véase la ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, marzo de 2001, página 1389.
Registro No. 181998
Localización: Novena ÉpocaInstancia: PlenoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXIX, Marzo de 2004Página: 1270Tesis: P./J. 6/2004JurisprudenciaMateria(s): Constitucional

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE GASTO Y FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO DE NAYARIT POR EL QUE SE RECOMIENDA AL EJECUTIVO EJERCER TEMPORALMENTE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO POR EL CONGRESO LOCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2002, HASTA QUE EL CORRESPONDIENTE AL DE 2003 TENGA PLENA VIGENCIA LEGAL, Y SU ACEPTACIÓN POR DICHO TITULAR, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES A NIVEL ESTATAL.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 151-156, Tercera Parte, página 117, con el rubro: "DIVISIÓN DE PODERES. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER FLEXIBLE.", que dicho principio no constituye un sistema rígido, sino que admite excepciones, pero que es menester que éstas se encuentren expresamente consignadas en la propia Carta Magna o que la función respectiva sea estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que corresponden a otro poder. Atento lo anterior y tomando en consideración que en la Constitución Política del Estado de Nayarit se prevé como facultad exclusiva del Poder Legislativo la de aprobar el presupuesto de egresos del Estado y declarar, en su caso, que seguirá vigente el del ejercicio anterior, ajustado al índice inflacionario que establezca el Banco de México de ese mismo año, en tanto se apruebe el correspondiente al del ejercicio fiscal relativo; y que no puede considerarse implique una colaboración de poderes ni tampoco que la inconformidad del Ejecutivo Local con los términos en que el presupuesto fue aprobado signifique que está facultado, per se, para declarar vigente el presupuesto anterior, sino que debe ajustarse al procedimiento legal previsto para tal efecto, conforme al cual sus objeciones deben ser resueltas por el Poder Legislativo, y en caso de superarse éstas se procederá a la promulgación y publicación del decreto relativo. De donde se concluye que el acuerdo emitido por la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento del Gobierno del Estado y su aceptación por el titular del Poder Ejecutivo en el que se le recomienda ejercer en forma temporal el presupuesto de egresos aprobado por el Congreso Local para el ejercicio fiscal de 2002 hasta que el correspondiente al ejercicio de 2003 tenga plena vigencia legal, al arrogarse una facultad exclusiva de este último invade su esfera competencial y, por ende, es violatorio del principio de división de poderes que a nivel estatal consagra el artículo 116 de la Constitución Federal.
Controversia constitucional 22/2003. Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 4 de noviembre de 2003. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel y Humberto Román Palacios. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot.El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy ocho de marzo en curso, aprobó, con el número 6/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de marzo de dos mil cuatro.
Ejecutoria:
1.- Registro No. 17864Asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 22/2003.Promovente: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NAYARIT.Localización: 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XVIII, Diciembre de 2003; Pág. 598;
Registro No. 182866
Localización: Novena ÉpocaInstancia: PlenoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXVIII, Noviembre de 2003Página: 433Tesis: P./J. 67/2003JurisprudenciaMateria(s): Constitucional
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE NO HA SIDO PROMULGADO NI PUBLICADO.
Si en la demanda de controversia constitucional se impugna el decreto legislativo del presupuesto de egresos para un ejercicio fiscal que aún no ha sido promulgado ni publicado, debe considerarse actualizada la causal de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el decreto del presupuesto de egresos constituye un acto formalmente legislativo que se encuentra sujeto a las diversas etapas que componen el procedimiento que le da origen y con el que conforma una unidad indisoluble, de tal forma que su impugnación sólo puede realizarse a partir de que concluye dicho procedimiento con su promulgación y publicación porque es hasta ese momento cuando adquiere definitividad, constituyendo su publicación el conocimiento del acto para efectos del cómputo del término para la promoción de la controversia constitucional, conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria citada y, por tanto, el plazo para la promoción de la controversia constitucional será de treinta días contados a partir del día siguiente a su publicación.
Controversia constitucional 44/2003. Antonio Echevarría Domínguez, en su carácter de Gobernador del Estado de Nayarit, contra el Poder Legislativo del propio Estado. 4 de noviembre de 2003. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel y Humberto Román Palacios. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de noviembre en curso, aprobó, con el número 67/2003, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de noviembre de dos mil tres.
Ejecutoria:
1.- Registro No. 17865Asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 44/2003. Promovente: ANTONIO ECHEVARRÍA DOMÍNGUEZ, EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR DEL ESTADO DE NAYARIT, CONTRA EL PODER LEGISLATIVO DEL PROPIO ESTADO.Localización: 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XVIII, Diciembre de 2003; Pág. 686;



Registro No. 181218
Localización: Novena ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXX, Julio de 2004Página: 1645Tesis: III.1o.A.115 ATesis AisladaMateria(s): Administrativa
AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LAS RECOMENDACIONES QUE EMITE EL COMITÉ TÉCNICO DE VALORACIÓN SALARIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PERCEPCIONES ANUALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, POR NO SER AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, ASÍ COMO EN CONTRA DEL DECRETO 19453 QUE CREA A DICHO ORGANISMO, EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE LA ENTIDAD, AL NO PODER DESVINCULARSE ESE ACTO LEGISLATIVO DE SU ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN.
El juicio de amparo en que se reclama del Comité Técnico de Valoración Salarial el acto consistente en la recomendación de asignación mensual neta para Magistrados del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, emitida mediante dictamen de fecha treinta de abril de dos mil dos es improcedente, dado que a dicho comité no le reviste el carácter de autoridad para efectos del amparo, pues si bien conforme al Decreto Número 19453, emitido por el Congreso de la entidad, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el doce de febrero del mismo año, en cuyo artículo tercero se reformó el artículo 46 y se adicionaron los diversos 46 bis y 46 bis 1, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en los que se dispuso que el sueldo para los servidores públicos se fijará con base en los presupuestos de egresos respectivos, tomando en cuenta las recomendaciones del Comité Técnico de Valoración Salarial del Estado de Jalisco, y que para ello se creó dicho comité, a fin de que realizara los estudios necesarios para la actualización de los montos máximos de las percepciones anuales de los servidores públicos y emitir recomendaciones sobre dichas percepciones, lo que se materializó a través del dictamen de treinta de abril de dos mil dos, que contiene la propuesta reclamada, lo cierto es que dicha recomendación carece por sí sola de fuerza decisoria, al quedar sujeta a la potestad del diverso Decreto 19865, publicado en el mismo órgano de difusión el veinticuatro de diciembre del referido año, que aprueba el presupuesto de egresos para el año dos mil tres; esto es, no es sino hasta que entró en vigor este último decreto cuando se le otorga carácter obligatorio a las recomendaciones que realice el aludido comité, pero por sí misma aquella recomendación no le causa un perjuicio al quejoso, dado que no adquiere fuerza vinculatoria que obligue a los servidores públicos a acatarlas, es decir, no se establece una relación de supra a subordinación entre el mencionado comité y los servidores públicos, sino que dicho órgano que emite la propuesta salarial a través de la recomendación reclamada, no cuenta con facultades decisorias que impliquen la afectación de la esfera jurídica de dichos funcionarios y tampoco tiene facultades para disponer de la fuerza pública para hacerlas cumplir; de ahí que si tales recomendaciones no tienen el carácter de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, que vulnere o restrinja garantías individuales, causando un agravio personal y directo, es improcedente el amparo en contra de la aludida recomendación, al no lesionar la esfera jurídica del quejoso, en virtud de que la opinión que en esa materia emite el multicitado comité no obliga al quejoso a cumplirla o a acatarla en sus términos, ni aun en contra de su voluntad; grosso modo, la recomendación aludida, por sí misma, no crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta que beneficie o perjudique al particular y, por tanto, la situación en que se encontraba el sujeto no sufre alteración con su emisión. Por ende, en cuanto a la recomendación elaborada por el Comité Técnico de Valoración Salarial se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 1o., fracción I, a contrario sensu, de la Ley de Amparo; en tanto que por lo que ve al Decreto 19453 del Congreso del Estado de Jalisco (por el que se crea el Comité Técnico de Valoración Salarial), el juicio de amparo también es improcedente, dado que el estudio del acto legislativo reclamado no se puede desvincular de su acto de aplicación, que como ya se vio, lo constituyó la recomendación emitida en el dictamen de treinta de abril de dos mil dos por el aludido comité, el cual, en la especie, no puede ser considerado como autoridad para los efectos del amparo; cobran aplicación al caso las jurisprudencias de rubros: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN." y "LEYES, AMPARO CONTRA, Y CONTRA ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS. SOBRESEIMIENTO.", que en concreto refieren que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento, y que desaparecidos los actos de aplicación, el sobreseimiento debe pronunciarse también sobre la ley.PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Amparo en revisión 508/2003. Manuel Hermosillo Allende. 16 de marzo de 2004. -Mayoría de votos. Disidente: Jaime C. Ramos Carreón. Ponente: Luis Francisco González Torres y Rogelio Camarena Cortés. Secretaria: Alma Delia Nieves Barbosa.Nota: Las tesis de jurisprudencia citadas, aparecen publicadas con los números 346 y 324, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, páginas 400 y 379, respectivamente.
Voto particular:
1.- Registro No. 20264Asunto: Amparo en revisión 508/2003.Promovente: Manuel Hermosillo Allende.Localización: 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XX, Julio de 2004; Pág. 1647;



Registro No. 194259
Localización: Novena ÉpocaInstancia: PlenoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaIX, Abril de 1999Página: 251Tesis: P./J. 24/99JurisprudenciaMateria(s): Constitucional
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE PARA RECLAMAR EL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1998, POR NO TENER EL CARÁCTER DE NORMA GENERAL.
Por "Ley del Presupuesto" se entiende el conjunto de disposiciones legales que regulan la obtención, administración y aplicación de los ingresos del Estado, otorgando competencias y estableciendo derechos y obligaciones para la administración pública y para los particulares. Por "Presupuesto de Egresos" se entiende el decreto que contempla y autoriza las erogaciones necesarias para la realización de las actividades, obras y servicios públicos durante un periodo determinado. El "Decreto del Presupuesto de Egresos" constituye un acto de aplicación de la "Ley del Presupuesto", en cuanto autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar la inversión de los fondos públicos; empero, no es el decreto el que otorga competencias o establece derechos y obligaciones, pues éstos ya están previstos en la ley que se aplica. En el ámbito del Distrito Federal, la distinción entre "Ley del Presupuesto" y "Presupuesto de Egresos" está expresamente contemplada tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. De esta manera, a diferencia de lo que sucede con la Ley de Ingresos, la Constitución, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, no otorgan el carácter de ley al Presupuesto de Egresos; en cambio, la "Ley del Presupuesto del Distrito Federal", esto es, las disposiciones conducentes del Código Financiero del Distrito Federal, le dan expresamente el carácter de decreto. Es relevante señalar que el multicitado decreto contiene algunas disposiciones que pudieran estimarse como normas de carácter general, porque aparentemente otorgan competencias; sin embargo, en realidad únicamente se limitan a reiterar, y en ocasiones de manera expresa, las que ya están otorgadas en las leyes respectivas. Por otra parte, el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, en cuanto a su aspecto material, tiene el carácter de un acto administrativo y no de una ley; es decir, no participa de la generalidad, como característica esencial de ésta. Por lo tanto, la acción de inconstitucionalidad que se promueva en su contra resulta improcedente.
Acción de inconstitucionalidad 4/98. Sergio Manuel Aguilera Gómez y otros, en su carácter de diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 28 de mayo de 1998. Mayoría de ocho votos. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Guadalupe M. Ortiz Blanco y Miguel Ángel Ramírez González.El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número 24/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve.
Ejecutoria:
1.- Registro No. 5176Asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 4/98.Promovente: DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.Localización: 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; VIII, Septiembre de 1998; Pág. 557;
Voto particular:
1.- Registro No. 925Asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 4/98.Promovente: SERGIO MANUEL AGUILERA GÓMEZ Y OTROS, EN SU CARÁCTER DE DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.Localización: 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; VIII, Septiembre de 1998; Pág. 653;


Registro No. 180195
Localización: Novena ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXX, Noviembre de 2004Página: 1773Tesis: X.3o. J/9JurisprudenciaMateria(s): Administrativa
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ANTE SU FALTA DE LEGITIMACIÓN PARA ACUDIR AL AMPARO A IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES QUE LES SON ADVERSAS, PUEDEN INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO.
Las garantías individuales consagradas en la Constitución son prerrogativas creadas en favor de los gobernados con la finalidad de que esos derechos mínimos sean respetados por el Estado mediante el ejercicio del poder que llevan a cabo las autoridades. El medio de defensa legal para frenar la conducta desbordante de los órganos del Estado frente a los gobernados es el juicio de amparo, cuyo fundamento se encuentra en los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Debe destacarse que cuando el Estado obra en calidad de patrón o mediante relaciones de igualdad frente a los gobernados, tiene a su disposición el juicio de garantías como medio para defender sus intereses como lo señala el artículo 9o. de la Ley de Amparo; sin embargo, cuando actúa con imperio y tales actos son sometidos al examen de legalidad por parte de las autoridades de instancia, en caso de que éstos sean declarados ilegales, la autoridad no puede acudir al juicio de garantías, pues como ya se señaló éste no fue instituido en su favor sino en beneficio de los gobernados; por esta razón, a fin de buscar un equilibrio procesal entre las partes en el juicio contencioso, el legislador creó el recurso de revisión a que refiere el numeral 96 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, como medio para que las autoridades controviertan los fallos adversos, el cual tiene su símil al juicio de garantías, otorgado a favor de los gobernados.TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.
Amparo directo 743/2001. Procurador General de Justicia del Estado de Tabasco. 7 de noviembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Leonardo Rodríguez Bastar. Secretario: Luis Arturo Palacio Zurita.Amparo directo 657/2001. Procurador General de Justicia del Estado de Tabasco. 23 de enero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Fidelia Camacho Rivera, secretaria de tribunal autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: David Gustavo León Hernández.Amparo directo 831/2003. Presidente Municipal de Cárdenas, Tabasco y otros. 5 de diciembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Patricia Mújica López. Secretario: Carlos A. Méndez Palacios.Amparo directo 693/2004. Síndico de Hacienda y Presidente Municipal de Comalcalco, Tabasco. 13 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Manuel Bautista Soto. Secretario: David Gustavo León Hernández.Amparo directo 631/2004. Subsecretario de Transporte, Tránsito y Vialidad de la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco. 30 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Manuel Bautista Soto. Secretario: David Gustavo León Hernández.Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, marzo de 1993, página 212, tesis IV.2o.53 A, de rubro: "AMPARO IMPROCEDENTE. CUANDO LO ES PROMOVIDO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN."
Ejecutoria:
1.- Registro No. 18439Asunto: AMPARO DIRECTO 631/2004.Promovente: SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y VIALIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.Localización: 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XX, Noviembre de 2004; Pág. 1774;


Registro No. 193260
Localización: Novena ÉpocaInstancia: PlenoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaX, Septiembre de 1999Página: 709Tesis: P./J. 97/99JurisprudenciaMateria(s): Constitucional
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS OBJETIVOS DEL ORDEN JURÍDICO CONSTITUCIONAL SON LA ASIGNACIÓN DE COMPETENCIA Y EL CONTROL DE SU EJERCICIO POR LAS AUTORIDADES DE LOS DEMÁS ÓRDENES JURÍDICOS.
El orden jurídico constitucional establece, en su aspecto orgánico, el sistema de competencias al que deberán ceñirse la Federación, Estados y Municipios, y Distrito Federal y, en su parte dogmática, previene las garantías individuales en favor de los gobernados que deben ser respetadas, sin distinción, por las autoridades de los órdenes anteriores, según puede desprenderse del enunciado del artículo 1o. constitucional. Además de las funciones anteriores, el orden constitucional tiende a preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones establecidas en favor de las autoridades, las que nunca deberán rebasar los principios rectores previstos en la Constitución Federal, ya sea en perjuicio de los gobernados, por violación de garantías individuales, o bien afectando la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico.
Controversia constitucional 31/97. Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 9 de agosto de 1999. Mayoría de ocho votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho.El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el siete de septiembre del año en curso, aprobó, con el número 97/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.
Ejecutoria:
1.- Registro No. 6215Asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 31/97. Promovente: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS.Localización: 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XI, Enero de 2000; Pág. 665;
Voto particular:
1.- Registro No. 1167Asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 31/97.Promovente: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS.Localización: 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XI, Enero de 2000; Pág. 738;

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE PARA RECLAMAR EL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1998, POR NO TENER EL CARÁCTER DE NORMA GENERAL.
Texto
Por "Ley del Presupuesto" se entiende el conjunto de disposiciones legales que regulan la obtención, administración y aplicación de los ingresos del Estado, otorgando competencias y estableciendo derechos y obligaciones para la administración pública y para los particulares. Por "Presupuesto de Egresos" se entiende el decreto que contempla y autoriza las erogaciones necesarias para la realización de las actividades, obras y servicios públicos durante un periodo determinado. El "Decreto del Presupuesto de Egresos" constituye un acto de aplicación de la "Ley del Presupuesto", en cuanto autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar la inversión de los fondos públicos; empero, no es el decreto el que otorga competencias o establece derechos y obligaciones, pues éstos ya están previstos en la ley que se aplica. En el ámbito del Distrito Federal, la distinción entre "Ley del Presupuesto" y "Presupuesto de Egresos" está expresamente contemplada tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. De esta manera, a diferencia de lo que sucede con la Ley de Ingresos, la Constitución, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, no otorgan el carácter de ley al Presupuesto de Egresos; en cambio, la "Ley del Presupuesto del Distrito Federal", esto es, las disposiciones conducentes del Código Financiero del Distrito Federal, le dan expresamente el carácter de decreto. Es relevante señalar que el multicitado decreto contiene algunas disposiciones que pudieran estimarse como normas de carácter general, porque aparentemente otorgan competencias; sin embargo, en realidad únicamente se limitan a reiterar, y en ocasiones de manera expresa, las que ya están otorgadas en las leyes respectivas. Por otra parte, el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, en cuanto a su aspecto material, tiene el carácter de un acto administrativo y no de una ley; es decir, no participa de la generalidad, como característica esencial de ésta. Por lo tanto, la acción de inconstitucionalidad que se promueva en su contra resulta improcedente.
Precedentes
Acción de inconstitucionalidad 4/98. Sergio Manuel Aguilera Gómez y otros, en su carácter de diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 28 de mayo de 1998. Mayoría de ocho votos. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Guadalupe M. Ortiz Blanco y Miguel Ángel Ramírez González. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número 24/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve.


CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE NO HA SIDO PROMULGADO NI PUBLICADO.
Texto
Si en la demanda de controversia constitucional se impugna el decreto legislativo del presupuesto de egresos para un ejercicio fiscal que aún no ha sido promulgado ni publicado, debe considerarse actualizada la causal de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el decreto del presupuesto de egresos constituye un acto formalmente legislativo que se encuentra sujeto a las diversas etapas que componen el procedimiento que le da origen y con el que conforma una unidad indisoluble, de tal forma que su impugnación sólo puede realizarse a partir de que concluye dicho procedimiento con su promulgación y publicación porque es hasta ese momento cuando adquiere definitividad, constituyendo su publicación el conocimiento del acto para efectos del cómputo del término para la promoción de la controversia constitucional, conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria citada y, por tanto, el plazo para la promoción de la controversia constitucional será de treinta días contados a partir del día siguiente a su publicación.
Precedentes
Controversia constitucional 44/2003. Antonio Echevarría Domínguez, en su carácter de Gobernador del Estado de Nayarit, contra el Poder Legislativo del propio Estado. 4 de noviembre de 2003. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel y Humberto Román Palacios. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de noviembre en curso, aprobó, con el número 67/2003, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de noviembre de dos mil tres.


DEFINICIONES GRAMATICALES APORTADAS POR LA RAE RESPECTO DE LAS PALABRAS MATERIA DE LA CONTROVERSIA

En el diccionario de autoridades, de 1734, se define como ley: "...establecimiento hecho por varones prudentes, para el premio o castigo de las acciones de los hombres, y para el gobierno y comercio humano, arreglado al derecho y razon natural… estas leyes son establecimientos, porque los hombres sepan vivir bien e ordenadamente, según el placer de Dios..."

En el diccionario de la RAE, se define la potestad que alega el el Ejecutivo le asiste para vetar, como Veto, el "...Derecho que tiene una persona o corporación para vedar o impedir una cosa U. Principalmente atribuido al Jefe de Estado o a la segunda camara, respecto de las leyes votadas por la eleccion popular. Absoluto. El que impide la promulgación y vigencia de una ley. Suspensivo. El que retarda la promulgación y vigencia de una ley...."

Y como Decreto, la RAE expresa: "Del lat. Decretum. Resolución o determinación de un jefe de Estado, de su gobierno, o de un tribunal o juez sobre cualquier materia o negocio. Aplicase hoy mas generalmente a las de carácter político o gubernativo…. ", termino que en el diccionario de autoridades se encuentra definido como: "Determinación, establecimiento, decisión, resolucion… orden del Rey, que se extiende en las Secretarias de Despacho… por extensión se llama asi a cualquiera orden u determinación del Rey en puntos de Justicia, Gracia y Gobierno...."

Ley, para l RAE, se significa,"… en el regimen constitucional, disposición votada por las cortes y sancionada por el jefe de estado..."